• Presentó este miércoles una iniciativa para reformar las leyes del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de Responsabilidades Administrativas para el Estado, así como el Código Penal del Estado.

Es necesario garantizar que el proceso de investigación y persecución de un presunto delito se lleve a cabo con respeto al principio de legalidad, transparencia y eficacia por parte de nuestros elementos de seguridad pública, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó este miércoles una iniciativa para reformar las leyes del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de Responsabilidades Administrativas para el Estado, así como el Código Penal del Estado.

“En el afán cuantitativo de presentar a un mayor número de supuestos delincuentes se alteren los informes que estos rinden fabricando culpables sin elementos que correspondan a la realidad en la narración de los hechos”.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, el legislador apuntó que estos servidores públicos al caer en el supuesto de falsedad de declaraciones, no solo cometen una falta administrativa si no que este tipo de conductas pueden y deber ser consideradas como un delito, ya que su alcance puede llevar a una persona inocente a  recibir una sanción o condena injusta por un hecho que no es veraz.

“En México los bajos niveles de percepción de seguridad y la falta de confianza en las autoridades policiacas merman la calidad de vida de las personas así como su desarrollo laboral y económico”. Destacó que la violación de un derecho pondera el ejercicio de otros, por lo que para garantizar la integración de un debido proceso se debe erradicar este tipo de prácticas nocivas para la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.

“La seguridad pública en el Estado de Michoacán sigue siendo uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos todos los habitantes día con día”. Víctor Zurita recalcó finalmente que el deber y responsabilidad de los legisladores es tomar las acciones necesarias para mitigar y resolver esta gran problemática y devolver la confianza de los ciudadanos en nuestros cuerpos policiales.

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