*Michoacán vive momentos de miedo e incertidumbre en varías localidades de la Tierra Caliente.

*La emboscada por parte del CJNG cobró la vida de 5 elementos de las Fuerzas Federales

A 10 días en que fue liberado por un Juez Federal, Jesús Rivera Aguirre, alias “El Gordo Chuy”, o Don Chuy, orquestó este domingo una emboscada a elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, donde el resultado fue de 5 elementos muertos de las fuerzas federales.

Tras el feroz ataque contra los uniformados, la violencia en tierras michoacanas se ha recrudecido, y es que este día lunes, en Apatzingán se registraron varios enfrentamientos entre policías y delincuentes, donde hasta este momento se desconocen los resultados.

Como se recordará, Jesús Rivera Aguirre, o “Don Chuy”, había sido capturado el pasado día 25 de febrero en Zacapu, cuyas acciones no fueron nada fáciles para las Fuerzas Castrenses, ya que los oficiales se enfrentaron a varios sicarios del CJNG, donde hubo varios agentes lesionados.

A pesar de ello, un Juez Federal dejó en libertad a “Don Chuy”, quien ayer domingo se vengó matando con su gente a 5 elementos de las Fuerzas Armadas de México. El ataque ocurrió por la tarde en los límites de Michoacán y Jalisco, lo que deja en claro la corrupción e impunidad que existe en el Sistema Judicial encabezado por Norma Piña, quien ha permitido que líderes criminales dejen las cárceles y salgan a seguir operando como si nada hubiese ocurrido.       

                Este día, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue contundente al señalar que la liberación de este líder criminal fue un grave error que ha costado vidas. “El esfuerzo es constante, pero la impunidad de los jueces federales es impresionante. Su corrupción y sus lazos con la delincuencia organizada están claras, y eso hace más difícil el combate”, a estos grupos de sicarios.

Así pues, esta es una tragedia nacional que no debó haber ocurrido si los jueces y magistrados de la federación no estuviesen coludidos con el crimen organizado. Por lo anterior, las familias de los deudos exigen al Gobierno Federal que se detenga y castigue a los culpables del artero crimen.  

Comparte en redes sociales