El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, propuso una iniciativa para reformar el artículo 115 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, en la que se plantea que la fuerza pública se utilice de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos.
Explicó que el propósito de este decreto es establecer que los elementos de seguridad pública de la entidad cuenten con certificación en protocolo para el uso legítimo de la fuerza pública, a fin de garantizar los preceptos contemplados para emprender estas acciones por parte de los elementos de las instituciones de seguridad pública del estado.
En este contexto, el líder de la bancada petista explicó que de acuerdo con los postulados de Amnistía Internacional, uno de los aspectos que no se deben perder de vista de un Estado de Derecho está relacionado con la premisa de que las labores policiales que en ningún momento deben ir separadas del respeto y salvaguarda de los derechos humanos.
“El monopolio del uso de la fuerza es un elemento característico del Estado y para el ejercicio adecuado de este se debe justificar que se ha de perseguir un fin legítimo, como lo es actuar en contra de conductas, hechos o situaciones que afectan, o bien, ponen en riesgo la integridad física, el patrimonio y los derechos de las personas. En otras palabras, la fuerza pública solo debe ser utilizada con fines relacionados con el mantenimiento de la seguridad pública y de asegurar la vigencia de la legalidad y el respeto de los derechos humanos”, acotó el legislador.
El legislador expuso que de acuerdo con informes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en Michoacán las quejas que se presentan en contra de elementos de corporaciones policiales y de seguridad pública tienen como característica principal hechos relacionados con el uso excesivo de la fuerza y con abusos por parte de la autoridad.
Por último, destacó que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo están convencidos de que tanto el ejercicio de la fuerza pública, como el de la sanción penal de determinadas conductas debidamente tipificadas, son elementos que constituyen el verdadero poder del Estado, ya que este es el encargado de la protección de los bienes jurídicos considerados como los más importantes por las personas y por la sociedad, tales como la vida, la integridad física y psicológica y la libertad. Ante ello la necesidad de que toda actuación de los elementos encargados del cuidado y preservación de la ley, el orden y la paz social sea llevada a cabo conforme al respeto y protección de los derechos humanos, y salvaguardando en todo momento la dignidad de las personas.
Leave a Reply