En diversos albergues que se localizan en Tijuana, hay poco más de mil 500 familias que se fueron de Michoacán huyendo del crimen organizado, así lo dio a conocer la Diputada Brenda Fraga en entrevista para LIBRE EXPRESIÓN.MX, quien expuso que es tiempo de que el Gobierno Estatal se de a la tarea de crear políticas públicas que combatan el reclutamiento forzado de niñas y niños por criminales sin escrúpulos.

                La legisladora petista reconoció que uno de los temas que se están observando en cuanto a la violencia de niñas y niños en Michoacán, tiene que ver con el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, pero lamentablemente no se le da la importancia que tiene, y eso agrava la situación.

                Por ese motivo dijo, que una de las metas principales en este fenómeno es primero reconocer que el problema existe, que se están violentando los derechos humanos de los niños, niñas y sus familias, ya que de no ser así, ni desde el Congreso del Estado se podrá hacer nada al respecto.

Recalcó que al Gobierno del Estado le hace falta crear políticas publicas para atender este problema, incluso, en el Congreso se planea hacerle una reforma al Código Penal de Michoacán, para tipificar esas acciones como un delito grave.

Brenda Fraga dio a conocer que este problema no solo se ve en la región de la Tierra Caliente, sino en todo el Estado de Michoacán, al grado de que esté fenómeno ya se está convirtiendo en un foco rojo en nuestra entidad, pero no se hace nada al respecto y por eso los criminales agreden a las familias.

Expuso que el reclutamiento forzado de las niñas y niños de Michoacán atenta contra su dignidad humana, y sobre todo, que se les trunca su plan de vida, prácticamente se les arruina su futuro inmediato y su futuro que pudiera consolidarse a través de sus derechos.

A pregunta expresa, la diputada dijo que atrajo el tema al Congreso local luego de que tuvo un acercamiento con familias desplazadas de Michoacán en Tijuana, quienes se encuentran huyendo de amenazas del crimen organizado.

En este rubro dijo, solo hay cifras negras debido a que muchos padres de familia no denuncian por miedo a represalias de los criminales. “Por eso los diferentes colectivos en Michoacán estamos investigando más a fondo el problema, aunque se habla de mil 500 niños que han sido víctimas de esta problemática en Michoacán, la verdad es que podrían ser más”.

Dijo que estas cifras las han dado a conocer diferentes organizaciones sociales cuando han tocado el tema de los Derechos Humanos desde el año 2000. También se refirió a la autoridad y dijo que no se puede juzgar de la misma forma a un niño que fue obligado a enfilarse con los criminales, a alguien que lo hace a sabiendas de que se está convirtiendo en un criminal.

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