* Exigen a la titular de la SEE, Gabriela Desireé Molina Aguilar, la destitución inmediata de la directora Liliana Yaret Carreño Romero, por todos los actos de corrupción que está realizando al interior del plantel educativo.
*Desde su gestión al frente del Tecnológico de Tacámbaro, Liliana Yaret, ha despedido a 14 trabajadores sin una justificación legal.
Los trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro denunciamos enérgicamente el sometimiento, hostigamiento y terrorismo laboral que se vive actualmente en esta institución, bajo la dirección de la C. Liliana Yaret Carreño Romero, quien, a pesar de no contar con el perfil profesional requerido por el decreto de creación del Instituto, ha abusado del poder que se le confirió, incurriendo en prácticas autoritarias y violatorias de los derechos laborales y humanos del personal docente y administrativo.
Desde su llegada, la actual directora ha promovido despidos injustificados de trabajadores administrativos y docentes con más de 20 años de antigüedad, así como reducciones arbitrarias de carga horaria a profesores con amplia trayectoria, eliminación de bonos a personal docente y administrativo por no ser afín al sindicato de su preferencia. Dichas acciones contravienen lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, el cual protege las condiciones laborales, la estabilidad en el empleo, la antigüedad y el pago íntegro de las prestaciones conforme a la ley.
Además, ha instaurado un ambiente hostil de persecución laboral, caracterizado por amenazas, levantamiento de actas infundadas y sanciones sin sustento, con el único propósito de intimidar, someter y desestabilizar psicológicamente a quienes no comparten sus ideas o afinidad política, en especial a los trabajadores no afiliados al sindicato SATITST en dónde Saúl Acosta Reyes es el Secretario General, afín a la administración actual. De igual manera, denunciamos la complicidad y omisión de los directivos del Instituto —entre ellos los jefes de División, jefes de Departamento, Subdirectores, y los responsables de las áreas de Recursos Humanos y Financieras—, quienes han avalado y firmado documentos que respaldan estas prácticas abusivas, participando activamente en los actos de hostigamiento y violación de derechos laborales.
Se ha identificado el caso de la compañera Araceli Bravo Santiago, quien se mostró cómplice de la dirección al prestarse a una situación de complicidad y colaboración indebida que ha afectado el clima laboral y las relaciones entre compañeros. La mencionada trabajadora atravesó una situación crítica de salud derivada de circunstancias ajenas al entorno laboral, sin embargo, posteriormente se involucró en acciones coordinadas con la dirección que reflejan intereses personales y conveniencias par/culares. Estas acciones han incluido manipulación de información, presiones hacia otros trabajadores y posibles favoritismos, lo que ha generado un ambiente de desconfianza, conflicto y división entre el personal. A ello se suma un hecho de especial gravedad: la instalación excesiva de cámaras de video vigilancia con audio en distintas áreas del plantel, así como la presencia de elementos de Policía Auxiliar del Estado de Michoacán, lo cual representa una violación directa al derecho a la privacidad y a la dignidad de los trabajadores y estudiantes.
Es importante subrayar que nunca se informó al personal sobre la instalación, finalidad o ubicación de dichas cámaras, incumpliendo lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que exige informar previamente sobre cualquier sistema de monitoreo audiovisual, así como garantizar que su uso se limite a fines de seguridad jus/ficados y proporcionales. Por tanto, exigimos una revisión a fondo del cumplimiento de los requisitos legales para la instalación de cámaras en instituciones educativas públicas, con el fin de verificar su autorización, propósito, proporcionalidad y respeto al derecho a la intimidad de la comunidad laboral y estudian/l. Adicionalmente, exigimos una revisión exhaustiva de la nómina institucional, con el propósito de detectar posibles irregularidades, duplicidades, nepotismo y favoritismo en la asignación de plazas o compensaciones, ya que existen indicios de manejo discrecional de los recursos humanos y financieros.
Cabe destacar que todo este actuar se ha llevado a cabo en estrecha complicidad con el Secretario General del Sindicato Auténtico de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro (SATITST); Saúl Acosta Reyes, quien ha respaldado las decisiones arbitrarias de la directora, permitiendo el hostigamiento, los despidos injustificados y la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores, a cambio de beneficios y protección sindical. Además, pedimos una revisión de los llamados cursos de actualización docente que se imparten a personal de educación básica, dónde se transparente, de dónde viene el recurso, a cuánto asciende, como se distribuye y cuál es el impacto o beneficio para la institución.
Asimismo, recientemente la compañera Guadalupe Yohana González Torres fue objeto de una queja presentada ante la Fiscalía por supuestos daños al honor, situación que se considera forma parte del hostigamiento y represalias en su contra, y que le ha generado un temor fundado por su integridad física y por ende su vida. Por otro lado, es de suma importancia resaltar que ya acudimos con el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), C. Javier Maldonado Torres; la Directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), C. Mariana Sosa Olmeda; y el Director de Educación Superior, Horacio Anaya Villegas.
En todos los casos, lejos de resolverse, la situación se intensificó. Estos hechos sin precedentes incluyen: • 14 despidos injustificados durante la administración de la Directora General Liliana Yaret Carreño Romero. • Reducción de horas a docentes con antigüedad laboral. • Exclusión del pago de prestaciones a trabajadores ajenos al SATITST. • Hostigamiento psicológico y moral, mediante levantamiento masivo de actas sin fundamento. • Cambios de adscripción arbitrarios, con la finalidad de aislar o cas/gar a trabajadores. • Nepotismo y favoritismo en contrataciones y asignación de cargos. • Ambiente de control y miedo, reforzado con cámaras y Policía Auxiliar del Estado de Michoacán. • Desvío de recursos. Por todo lo anterior, hacemos un llamado urgente al Gobierno del Estado de Michoacán, a la Secretaría de Educación, a la Dirección General de Institutos Tecnológicos Descentralizados y a las autoridades competentes, por lo que: Exigimos:
1. El cese inmediato del hostigamiento y terrorismo laboral. 2. La reinstalación y salarios caídos de los trabajadores injustamente despedidos. 3. La auditoría integral al manejo de los recursos económicos, nómina institucional y proyectos de actualización docente. 4. La revisión legal y técnica de las cámaras instaladas, garantizando que cumplan con la Ley de Protección de Datos Personales y respeten la privacidad del personal. 5. El re/ro de cámaras con audio y del personal de Policía Auxiliar del Estado de Michoacán, salvo autorización formal conforme a la norma/va educa/va y de seguridad estatal. 6. El respeto irrestricto al Contrato Colectivo de Trabajo y a la libre sindicalización. 7. Y, de manera urgente, la destitución inmediata de la directora C. Liliana Yaret Carreño Romero, por abuso de autoridad, violación a derechos laborales, omisiones administra/vas y posible desvío de recursos públicos. PRINCIPALES NORMAS VIOLADAS Ley Federal del Trabajo (LFT), Ley General de Responsabilidades Administra/vas (LGRA), Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente del TecNM, Código Penal Federal/Estatal, Contrato Colectivo de Trabajo del ITST (CCT), Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por México y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México. (LGAMVLV). ATENTAMENTE SINDICATO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SECCIÓN TACÁMBARO
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