Tras el resolutivo que en días pasados dieron diputados del Congreso del Estado respecto del Auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado, a quien deslindaron de un juicio político por supuesto desvió de 1,300 millones de pesos, integrantes del Centro Michoacano de Evaluación (CMIDE) dieron a conocer que interpondrán un juicio de amparo y actuarán por la Vía Administrativa para que el funcionario entregue cuentas claras y que también se proceda en contra de quienes lo están encubriendo.
Al respecto, Alma América Bárcenas del Centro Michoacano de Evaluación (CMDE) explicó que esta es una organización civil, integrada por personas de todo el Estado, donde destacan Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y otras cabeceras municipales, y que el único interés de esta organización es vigilar las finanzas públicas del Estado, y señalar aquellas cosas que consideran relevantes, como es este caso, donde los ciudadanos deben saber a dónde van a dar los dineros.
“Exigimos se nos dé información del destino del crédito tomado por el Gobierno del Estado y que es del decreto 351, de mil 300 millones de pesos, ya que se quiere saber a qué se destinó el recurso”. Agregó, que debido a que no se entregó la información que se solicitó en tiempo y forma a las diferentes instancias de gobierno, se presentó la demanda de Juicio Político en contra del auditor.
América Bárcenas dio a conocer que las comisiones analizaron la demanda de Juicio Político y después lo pasaron como punto de acuerdo al Congreso del Estado donde los diputados desecharon el juicio político sin sustento alguno, sin embargo, la única manera de desecharlo es que la persona no pueda ser sometida a Juicio Político, o en su defecto, que el juicio sea improcedente, pero en este caso, sin dar fundamentos o argumentos sólidos, se desechó y por eso se presentará el amparo correspondiente.
En su momento, Arturo Herrera Cornejo, integrante del CMIDE, dio a conocer que una de las acciones que se van a desarrollar para que el Juicio Político en contra de José Luis López siga adelante es por la Vía Administrativa, la cual se encuentra prevista en la Ley de Responsabilidades del Juicio Patrimonial de los Servidores Públicos de Michoacán. Explicó que en su artículo 5 habla de autonomía de procedimientos donde señala que la conducta del servidor público puede ser motivo de sanciones administrativas, civiles, políticas, laborales, penales u otras, y estas se desarrollarán en forma autónoma en los términos de las leyes aplicables.
Dijo saber que los diputados quisieron confundir lo del Juicio Político con un tema de tipo electoral, pero no dieron los argumentos necesarios y ahora también van a tener que responder por su postura ante tal situación. Aseguró que el SEMIDE aportó pruebas respecto de la conducta del Auditor Superior del Estado, a quien se le pidió rendir un informe pormenorizado de la aplicación de dicho crédito y no lo hizo.
Entró en detalle y comentó que hubo un informe entre comillas, el cual se presentó extemporáneamente el 30 de enero del 2016, donde se pudo constatar que el informe no llevaba la firma del auditor, hay otra omisión donde se entregó personalmente a un diputado y no al Congreso del Estado, pero además, se logró saber que el auditor se dedicó a copiar y pegar información que había remitido antes la Secretaría de Finanzas al Congreso del Estado.
Finalmente comentó que el auditor no especificó en qué se gastó ese dinero, no investigó porque se pagaron 4 veces comisiones por la asesoría para contratar esos créditos, tampoco explicó ni fincó responsabilidades porque las cuentas al final no cuadraban, es obvio que a la hora de la votación pudieron más las complicidades que el interés de los michoacanos.
Por su parte, el abogado José Manuel Lima, quien lleva el Juicio Político en contra de José Luis López, dio a conocer que el hecho de que algunos diputados hayan votado en contra de las comisiones de puntos constitucionales de gobernación, los hace obligatorio para que esa absolución cumpla con un requisito que prevé el artículo 32, donde establece que solo puede ser desechado el juicio político cuando sea improcedente o el denunciado no sea sujeto de juicio político.
Destacó que el desechamiento debe cumplir con ese requisito de Ley que debe ser notoriamente improcedente. “Nosotros consideramos que el dictamen que fue sometido a la aprobación del congreso venia en el sentido de turnar el asunto a la Comisión Jurisdiccional para que se continuara con el procedimiento político, pero no fue así”.
Agregó que cuando la mayoría de los diputados votaron en contra del dictamen que fue publicado en la gaceta Parlamentaria del 8 de marzo del 2018, se generó la obligación para los señores legisladores de justificar el porque lo consideran notoriamente improcedente.
Por eso dijo, tenemos como alternativa legal en contra de esta resolución del congreso local, el juicio de amparo, que debe interponerse ante un Juzgado de Distrito y tener vía libre para agotar otro procedimiento de tipo administrativo, ya que las leyes del estado prevén diferentes vías para poder inconformarse por esta conducta atribuible al Auditor Superior.
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