La Cámara de Diputados modifica la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, se castigará hasta con 30 años de cárcel a huachicoleros y multa de 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, a quien sustraiga o aproveche sin consentimiento hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con 321 votos a favor, 18 en contra y 37 abstenciones, y enviado al Senado para sus efectos constitucionales, también prevé sanción de 4 a 6 años de prisión y multa de 4 mil a 6 mil veces el valor de la UMA, para aquel que compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie combustibles, cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros.

Por arriba de 300 litros, pero debajo o equivalente a mil, se aplicarán hasta 10 años de cárcel y multa de 6 mil a 1 mil veces el valor de la UMA vigente.

En casos mayores a mil litros, pero menor a 2 mil, se sancionará con hasta 12 años de prisión y 14 mil veces el valor de UMA, y con hasta 17 años de reclusión y 17 mil el valor de UMA, por igual o más de 2 mil litros de combustible. En caso de no poder cuantificar el hidrocarburo, se imputarán hasta 17 años de prisión y pago de hasta 17 mil veces el valor de UMA.

De igual forma, se castigará con hasta 8 años de prisión y multa de 8 mil veces el valor de UMA vigente, al arrendatario, propietario o poseedor o a quien se ostente como tal, de algún predio donde exista una derivación clandestina o toma clandestina y tenga conocimiento de esta situación y no lo denuncie a las autoridades correspondientes.

Cuando alguien, con conocimiento de que se lleva a cabo algún delito, facilite, colabore o consienta que se realice en su propiedad o no lo denuncie a las autoridades correspondientes, se acreditarán de 9 a 16 años de cárcel y multa de 9 mil a 16 mil veces el valor de UMA.

A su vez, se multará con hasta 14 años de reclusión y hasta 14 mil veces el valor de UMA, a quien obligue o intimide mediante coerción, amenaza o cualquier tipo de violencia, al que preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada en la ley.

Con pena de 12 a 20 años de prisión y multa de 12 mil a 20 mil veces el valor de UMA vigente, se castigará a quien altere los sistemas de medición en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, con conocimiento que producirá un daño o afectación a la normal operación de los mismos.

A quien suministre gasolinas o diesel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición, se impondrá de 5 a 8 años de prisión y multa de 5 mil a 8 mil veces el valor de UMA vigente. En el caso de gas licuado, la cantidad será desde hasta 3.0 por ciento.

Consciente un castigo de hasta 25 años de cárcel y multa de 27 mil veces el valor de UMA vigente, a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada en la ley.

También se encarcelará hasta 7 años y con multa de 6 mil a 9 mil veces el valor de UMA vigente, a cualquier servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito materia de esta ley y no lo denuncie ante la autoridad competente.

Eukid Castañón Herrera, de Acción Nacional (PAN), aseguró que el dictamen es un gran paso para abatir el problema de robo de gasolinas, pero también se requiere de otras reformas. Estimó que “hablar de que el Código Penal ya habla de sanciones es minimizar el problema, pues se requieren leyes específicas”.

Subrayó que hay niños y niñas involucrados como “halcones” por los grupos del crimen organizado; por ello, dijo, el dictamen es viable y no busca reformas mediáticas. Asimismo, se tenía que armonizar con la desindexación del salario, apuntó.

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