El marco legal que rige el desarrollo urbano en los municipios de Michoacán puede ser mejor y más justo, y para ello trabajamos en materializar una normatividad con una marcada tendencia al desarrollo urbano sustentable, que permita crear las condiciones óptimas de desarrollo y crecimiento de todas las comunidades de Michoacán, sin perder de vista que debemos proteger y conservar nuestra riqueza más vulnerable, que es decir nuestro patrimonio cultural natural, afirmó la diputada Cristina Portillo Ayala, al presentar modificaciones al Código de Desarrollo Urbano.

Agregó que con ello, se favorece la igualdad en los fraccionamientos, y la construcción de equipamiento urbano. La vice coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, al exponer los motivos de su iniciativa, dijo que es imprescindible reconocer que en Morelia –como en muchas ciudades y municipios de Michoacán- la industria de la construcción es, indiscutiblemente, el pilar del desarrollo de diferentes comunidades, por lo que urge crear las condiciones normativas adecuadas, que favorezcan el desarrollo de esta actividad, con absoluto respeto al medio ambiente.

Refirió que especialistas, empresarios de la construcción, legisladores y usuarios, “… reconocemos que los trámites burocráticos, muchas veces afectan las actividades económicas, por lo que nos proponemos con esta iniciativa, favorecer el entorno para dinamizar la economía derivada de la industria de la construcción e inmobiliaria, y, al tiempo, generar una condición de justicia y equidad, para algunos conceptos”.

La legisladora michoacana presentó una iniciativa de decreto que modifica, reforma y adiciona, diferentes disposiciones del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, un trabajo legislativo que –aseguró- fue valorado y socializado con empresarios y técnicos especialistas en la materia.

Con la disposición actual del código, las áreas de donación de los fraccionamientos habitacionales, deben entregarse a distintas autoridades, lo que tienen un impacto negativo, porque con mucha frecuencia la  totalidad  de  la  superficie  donada  para  equipamiento  urbano,  si  bien  se encuentra en un mismo polígono, no puede ser aprovechada en su máximo potencial por tener dueños distintos, uno municipal y otro estatal, lo que resulta en un real desperdicio de oportunidades.

Explicó que no solamente los habitantes se ven afectados con la regulación vigente, también los posibles inversionistas, a quienes se condiciona el cambio de régimen de propiedad de edificios ya construidos a una donación de áreas; o a los propietarios que dividen terrenos urbanos cuyas superficies resultantes superan una hectárea, añadió.

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