De acuerdo a estadísticas dadas a conocer en el 2018, por el Gobierno Federal, hubo 3 mil 580 mujeres víctimas de violencia en todo el país, situación alarmante y vergonzosa porque evidenció la ausencia de mecanismos de intervención oportuna, por parte del Estado Mexicano para proteger la integridad de las mujeres, así lo dio a conocer en reciente sesión en el Congreso del Estado, la diputada Cristina Portillo Ayala.

La legisladora expuso que de ese tamaño es el reto que enfrenta hoy el Gobierno de México, para proteger a las mujeres, por ello, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha  puesto en marcha un plan emergente, para garantizar la integridad, seguridad y vida de las mujeres.

Este mecanismo dijo, es interinstitucional e involucra a todos los actores sociales y políticos del país, para contra restar el fenómeno generalizado de la violencia contra las mujeres, para protegerlas independientemente de su nivel educativo, aspectos sociales y situación económica o política.

Portillo Ayala señaló que en todo el mundo, las mujeres sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos, ya sea en el hogar, en el trabajo, escuelas e instituciones, incluso, en su propia comunidad, incluso, la violencia alcanza esferas que parecen irreales, como en la política, además del ciberespacio que es muy violento.

Expresó que en Michoacán es urgente no llegar a esos extremos, para ello, es necesario reconocer que  existe un problema de violencia generalizado y que se debe actuar en consecuencias. Una de las primeras acciones es generar espacios de trato digno, especializadas en género en dependencias públicas de los tres niveles de gobierno, donde por cierto ya se tienen avances, pero que el Congreso local sigue pendiente en esta importante tarea.

Dio a conocer que la unidad de género, crea la posibilidad de estudiar y conocer el ambiente organizacional dentro de nuestra institución, en materia de derechos humanos, o en cualquier otra circunstancia que atente contra la dignidad de las mujeres, de esta forma se establecería un corte garantista de los derechos de las mujeres, en razón de que el mal llamado sexo débil no hemos enfrentado siempre a estructuras sexistas y a la desigualdad del trato.

Bajo esa perspectiva dijo, es urgente implementar entre las instituciones públicas, mecanismos que contribuyan a la vigilancia y al respeto de los derechos humanos, así como a la elaboración de diagnósticos que muestren un mapeo de prácticas discriminatorias o abusivas para contribuir a realizar mejores prácticas encaminadas a elevar la calidad del clima laboral en este congreso.

Se trata de que nuestro pacto práctico, sirva para acompañar a las y los diputados de este congreso, con iniciativas tendientes a actualizar el marco jurídico normativo, para establecer en temas de derechos humanos el respeto la protección e igualdad de oportunidades y la no discriminación. Yo apoyaría en la capacitación permanente del personal de todas las áreas del Congreso del Estado, incluso, se pudiera pensar en algo muy importante, que sería poder certificar al congreso a nivel nacional en cuanto a la capacitación de equidad de género.

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