Instituto Nacional de las mujeres
A las autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
A la opinión pública:
El día 19 de julio de 2023, tres trabajadoras del INEGI de la sede nacional, denunciaron mediante una rueda de prensa, el acoso laboral y el hostigamiento sexual que han vivido por parte de directivos de esa Institución. Aunque de manera específica se denunció a trabajadores de la Dirección de Operaciones de Campo, perteneciente a la Dirección General Adjunta del Censo de Población y Vivienda y a la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas, en donde trabaja como Subdirector Sergio “N”, como Director Isaac Sidhartha “N” y como parte de la Dirección, Daniel “N”, estas conductas han sido reiteradas y a pesar de que ya existe un antecedente previo de quejas presentadas ante las instancias y órganos correspondientes, se sigue vulnerando el derecho de las trabajadoras a un ambiente laboral libre de violencia. Estos hechos de omisiones, apoyo e impunidad del que gozan los agresores, pone en riesgo la integridad física, psicosocial y emocional de las víctimas, además de violentarlas en el derecho que tienen a la justicia, la garantía de no repetición y a la reparación integral del daño.
En un país donde, según estadísticas generadas por la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas y presentadas por el mismo INEGI, más de 66 mil mujeres tuvieron que dejar sus empleos por la violencia que recibían dentro de estos espacios, resulta gravísimo que en un ente autónomo federal se reproduzcan, perpetúen, sustenten estas redes de poder entre los agresores que les permiten transitar las quejas de las víctimas sin ninguna consecuencia jurídica o administrativa que sancionen dichas violencias.
Estas tres denuncias se suman a las otras quejas que han interpuesto muchas trabajadoras y que no avanzan, quedándose en la mayoría de las veces, en el Órgano Interno de Control, sin que a nivel institucional se genere una estrategia integral de prevención y atención de estas violaciones a derechos humanos de las trabajadoras. Las denuncias se han hecho públicas en reiteradas ocasiones pero las autoridades no actúan, son omisas, revictimizantes y negligentes tanto en la atención a las mujeres como en la implementación de protocolos efectivos.
Por esta situación, y conociendo el contexto de violencia laboral, psicosocial, emocional y sexual que permea en todas las sedes y estructuras del INEGI, es que exigimos a las autoridades locales y nacionales cuyas facultades y obligaciones se relacionan con la atención y prevención de las violencias, que implementen mecanismos efectivos dentro de esta Institución, den seguimiento efectivo a las denuncias y dejen de proteger a los agresores.
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