A favor de que haya más restricciones a la publicidad del tabaco y proteger así a niños y jóvenes, se pronunció el diputado Jaime Hinojosa Campa, en el marco del “Foro Estatal para la Armonización de la Ley de Protección de los No Fumadores del Estado de Michoacán”.
Resaltó que el tabaquismo representa un problema de salud pública, por lo que se debe proteger a la población que no fuma, y a quien lo hace advertirle de los riesgos, a fin de concientizarla.
El también presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social en el Congreso Local, consideró que Michoacán debe contar con el instrumento normativo que proteja la salud de las personas no fumadoras, y armonizar las medidas restrictivas del fumador, con la Legislación Federal.
El diputado por el Distrito de Maravatío, invitó a los diversos actores a cerrar filas en torno a este tema tan delicado e impulsar niciativas que refuercen los programas de prevención, investigación, detección, orientación e información sobre los daños que producen a la salud el consumo de tabaco, el humo del mismo y sus propiedades adictivas.
Recordó que el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra como derecho fundamental de las personas, la protección de la salud así como a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El derecho a la protección de la salud, tiene por objeto el bienestar físico y mental de las personas, para lograr así el anhelo de toda norma, siendo éste el bienestar social.
Hizo un poco de historia y dijo que el 30 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para el Control del Tabaco, que contempla medidas regulatorias para los productos de tabaco y de protección, a fin de garantizar el derecho a la salud de la población, entre otras.
Agregó, que el pasado 7 de noviembre de 2008, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el Decreto número 28 que contiene la Ley de Protección de los No Fumadores del Estado de Michoacán, cuyo principal objetivo es establecer un marco jurídico, para las medidas de control que habrán de aplicar las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno, a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de productos del tabaco, así como proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios cien por ciento libres de humo de tabaco.
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