*Diputado Omar Carreón Abud en su discurso de hoy en el Congreso del Estado
Las y los diputados trabajaremos en un ambiente complicado. Médico tiene muchos y graves problemas. La nueva administración federal que pronto cumplirá ya su primer año, erróneamente, escogió un mal grande en el país como si fuera el generador de todos los problemas: La corrupción, así lo expuso el diputado Omar Carrón Abud, en el Congreso del Estado.
Ante autoridades de los diferentes niveles de gobierno, el legislador destacó que el hartazgo de la población fortaleció la idea de que se había encontrado el mal de todos los males. Pero el diagnóstico fue, y es, absolutamente equivocado. Un mal mayor, enormemente mayor y más devastador, corría y corroe, divide y destruye a la inmensa mayoría de los mexicanos: la injusta distribución de la riqueza.
Manifestó que unos cuantos mexicanos concentran la riqueza de la que carecen casi 100 millones de compatriotas. La pobreza es el temible cáncer social que no sólo rebasa con muchos otros males, sino que los condiciona y explica. “La pobreza -escribió Francois Villon- triste y doliente, malhumorada y rebelde, siempre tiene una palabra punzante: si no se atreve, la piensa”.
Dijo que El hombre y la mujer, sin recursos económicos para subsistir dignamente, sin educación, sin salud, débiles, vulnerables en extremo y sin organización política para defenderse, no son capaces de analizar la corrupción, menos aún pueden combatirla y acabar con ella. No, pueden ni con la corrupción pública ni con la corrupción privada.
Por eso tienen que confiar en que la corrupción se combata y se acabe con medidas “desde arriba”, desde las esferas donde se hallan los que han hecho profesión de la administración del estado y de la economía del país. La corrupción es consecuencia de la pobreza y de la desorganización social, no su causa.
Acorde con el diagnóstico errado, a casi un año de la administración federal, se han tomado medidas, para, supuestamente, combatir la corrupción, medidas que, en los hechos, han cambiado el plan inicial y lo han transformado en una severa austeridad. Al 30 de junio pasado, el Gobierno federal había cancelado siete mil 991 plazas y esa cantidad sólo representa un avance del 38 por ciento respecto de lo proyectado dentro del plan de la llamada austeridad republicana.
Aseguró que se cancelaron por decisión autoritaria los programas que paliaban un poco la vida dura de los más humildes del país: ya no hay Prospera, ya no hay estancias infantiles, ya no hay comedores comunitarios ni Seguro Popular. Se desapareció el Ramo 23 mediante el cual se llevaba infraestructura básica a pueblos y colonias. Ya no hay obras de agua potable, drenaje, pavimento, escuelas y clínicas.
Al proseguir con su discurso comentó que el problema es tan grave y delicado que hasta los presidentes municipales del partido en el gobierno federal protestan porque carecen de recursos para la obra pública básica. Y para tranquilizar a la población y hasta conquistar adeptos, se han reciclado, reciclado mal, los viejos programas de transferencias monetarias directas que han costado miles de millones de pesos y no han acabado con la pobreza. Con mítines y discursos, se regresa el dinero que se le cobra al pueblo mediante los impuestos.
Resaltó que esta es la nueva demagogia. Todos somos testigos -además- de las expresiones denigrantes en contra del poder judicial y de la política atentatoria de a división de poderes. Padecemos la promulgación de leyes que limitan las libertades ciudadanas conquistadas con sacrificio: la conocida como ley garrote de Tabasco, un ensayo nacional, que ataca el derecho a la libertad de expresión y al derecho a reunirse pacíficamente y protestar por los actos de la autoridad.
Se promulgó la ley de extinción de dominio que es la pérdida del derecho a la propiedad, sin indemnización y atenta gravemente contra la presunción de inocencia. En ese contexto de atropello autoritario a los derechos ciudadanos, señalo aquí el día de hoy que él presidente de la República, el hombre mejor informado del país, alterando con sorna su nombre, ha acusado al movimiento antorichista nacional más de 100 veces, de haber sido intermediario de programas de transferencia monetaria directa y haberse quejado con parte de ellos, ha hecho un auténtico juicio sumario, pero, nunca, en ninguna ocasión, ha sido capaz de precisar fecha y sitio en el que la supuesta intermediación y atraco, tuvieron lugar.
“Rechazo, por tanto, una vez más esas imputaciones calumniosas. Señoras y señores: La inversión del gobierno federal en infraestructura está rigurosa e implacablemente disminuida. No funciona como motor de la economía. En los primeros cinco meses del año, la inversión pública en obra registró una caída del 16.4 por ciento real con relación al mismo periodo de 2018.El estado de Michoacán es una de las víctimas de la reducción presupuestal. A partir del mes de julio pasado se le recortaron 465 mdp de las participaciones federales”.
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