Lic. Omar Uriel García Vallejo
El Plan de Seguridad del próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador desata controversia, pues como candidato en varias ocasiones ofreció retirar al ejército de forma paulatina de las calles, ya como presidente electo ha cambiado su postura pues uno de los principales ejes que plantea dentro de su Plan Nacional de Paz y Seguridad, es la creación de la Guardia Nacional, la cual estaría integrada por elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval, al mando de la Secretaría de la Defensa, lo que perpetuaría e intentara legalizar el uso de las fuerzas armadas para el cumplimiento de la Seguridad Pública en México. Para lo cual requerirá de una reforma al marco Constitucional, la principal seria en su artículo 21 párrafo X, pues en ella establece que las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
El Plan Nacional de Paz y seguridad cuenta con 8 puntos, los cuales para la mayoría de los Expertos y Asociaciones Civiles que han emitido opinión al respecto, coinciden en que los 7 primeros puntos son muy acertados, en su diagnóstico y propuestas, sin embargo el plan no explica los mecanismos para llevarlos a cabo, regularmente un plan incluye el cómo, que estrategias y acciones se implementaran en la práctica, el verdadero problema viene en el punto 8 donde ensalza a las fuerzas armadas y se hace un juicio muy duro a la Policía Federal la cual dice que es un agrupamiento con déficit de disciplina, capacitación y profesionalismo y sigue la dura crítica hacia los agentes ministeriales, policías estatales y municipales; el plan continua explicando la necesidad de seguir disponiendo de las instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública, proponiendo la creación de la Guardia Nacional a través de la modificación de la fracción XV del artículo 76 constitucional, lo curioso es que no existe la fracción XV de dicho artículo. Propone Coordinaciones Nacional, Estatales y Municipales de la guardia con un total de 266 regiones aunque no queda muy claro de dónde sacaron esa cantidad de regiones y al parecer para la ubicación se basaron en los índices delictivos, indica que el mando operativo estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano y de la Armada de México, en el caso de las zonas costeras.
El plan elogia a las Fuerzas Armadas no considera el hecho que la SEDENA también ha estado involucrado en varios casos graves de corrupción, de igual forma ha sido penetrado por la delincuencia organizada y también ha cometido abusos y crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, asesinatos etc; así mismo la PFP, PGR y SEDENA este año, tienen casi la misma cantidad de quejas por Violación a Derechos Humanos según la CNDH.
El plan menciona que en cada una de las regiones la coordinación general recaerá en la autoridad civil de más alto rango que asista a la reunión, tendrán un representante del Gobierno Federal y uno de la Fiscalía General, el mando militar regional, autoridades locales y municipales, no quedando claro hasta qué punto puede intervenir en la operatividad el representante de la autoridad civil de más alto grado ni que perfil tendría el representante del Gobierno Federal, pues esto pudiera hacer mucha diferencia en la toma de decisiones y estrategias de los operativos desplegados; por otro lado quien debe de dirigir la investigación de los delitos en las regiones claramente deben ser los fiscales, con ello si no está bien diseñado y establecido el esquema, podríamos tener un problema de mando.
Concluyendo el Plan de Seguridad deja Lagunas y contradicciones con la Teoría de la Seguridad Pública, dejar el mando operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, trae riesgos serios y la continuidad sistemática de violaciones a los Derechos Humanos que se han venido dando desde el Gobierno de Calderón, pues aunque insiste el gabinete de AMLO, en hacer énfasis que los elementos que conformaran La Guardia Nacional son policías (Militar y Naval) y que el mando lo tendrán ellos, hay que recordar que son policías formados, para militares y marinos, no para civiles, esto llevaría a que deberían tener una capacitación especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Protocolo Nacional de Primer Respondiente, Derechos Humanos, Seguridad Pública, Proximidad Social etc; cambiar el chip Militar Policial a un chip Policial Militar-Civil para dar Seguridad Pública, sería un gran reto y un riesgo de que falle el Plan y la Estrategia. Por eso deberían de considerar que el mando general, incluso operativo, lo tenga un civil, podría ser un ex militar, que ya haya tenido funciones en la Seguridad Pública destacables y honorables.
No comparto en general la opinión de que la Policía Federal carezca de disciplina y profesionalismo, pues si es cierto que hace falta capacitación más profesional y desarrollo policial, también hay excelentes policías que están en sus filas o han salido de ellas; ni comparto la idea que indirectamente se da a entender el relegar o desaparecer a la PFP, sería un retroceso al desarrollo policial mexicano, me queda claro que los diseñadores del proyecto de seguridad de AMLO, son civiles con “buenas intenciones”, pero que desconocen el tema y militares con intereses particulares.
Si las Policías Civiles han fallado, se debe a varios factores, corrupción en los mandos, (mandos que los mantienen ahí, funcionarios y políticos corruptos) por su falta de atención en general, por la desprotección y falta de dignificación a su función y derechos, pues la mayoría no tiene acceso a una vivienda, a muchas corporaciones les falta Seguridad Social, tienen salarios bajos, varias no tienen si quiera seguro de vida, falta de equipo, la capacitación es exclusiva, no hay buena capacitación para la mayoría de los elementos, el Plan de AMLO no menciona nada respecto al Desarrollo Policial, pareciera que el plan operativamente se enfocara en la militarización y no en el desarrollo de una policía disciplinada y profesional, como lo ordena hasta hoy, el marco constitucional.
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