Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado hicieron un llamado a los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias y fuerzas políticas, que sistemáticamente han frenado la aprobación del dictamen para la Ley de regulación de marchas, a reconsiderar su postura y trabajar para que el dictamen pueda brindar un marco jurídico, certeza y seguridad a todos los michoacanos.
En tribuna, la diputada Rosa María de la Torre Torres, a nombre de los legisladores tricolor, consideró que la Ley no será “una varita mágica para acabar con las protestas, pero sí puede ser un instrumento muy claro y eficiente para dar responsabilidades a todas aquellas autoridades que fallaron a los michoacanos” durante las manifestaciones del pasado martes.
De la Torre Torres aseguró que el principal problema que se vive en este tipo de situaciones es la falta de un marco normativo adecuado en el estado que permita regular el ejercicio pleno de los derechos fundamentales a la libre manifestación de las ideas y a la libertad de tránsito y de empresa de todos los ciudadanos michoacanos.
La diputada tricolor mencionó que las comisiones de Gobernación, presidida por el diputado Mario Armando Mendoza; Puntos Constitucionales, presidida por de la Torre Torres; y Derechos Humanos, presidida por la diputada Nallely Pedraza, han estado trabajando cuidadosamente un dictamen de Ley de manifestaciones del Estado de Michoacán, que entre otras cosas busca: que la autoridad esté obligada a emitir y observar protocolos de actuación que brinden certeza a su actuar; la apertura de canales de comunicación entre los manifestantes y autoridades, privilegiando en todo momento la resolución de conflictos sobre la afectación de derechos ciudadanos; la prohibición del uso de la fuerza pública salvo en condiciones de violación flagrante a la ley bajo la salvaguarda de los derechos y libertades de la ciudadanía; el uso adecuado de las vías públicas durante las movilizaciones, permitiendo que existan zonas abiertas durante el desarrollo de las manifestaciones, no afectando así la libertad de tránsito de terceros; y la prohibición absoluta del impedimento de prestación de servicios de salud, educación, seguridad y protección civil.
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