Durante el segundo foro sobre la “Revocación del Mandato” que se llevó a cabo en la Universidad Latina de América, los Magistrados Ignacio Hurtado Gómez y Salvador Alejandro Pérez Contreras, coincidieron en que esta figura de participación ciudadana es una etapa de evaluación de los servidores públicos por su desempeño en cualquier cargo público.
En este Foro estuvieron también el diputado local del Congreso de Michoacán, Salvador Arvizu Cisneros, promotor de estos espacios de disertación; la catedrática Susana Madrigal Guerrero; y el consejero electoral del Instituto Electoral de Michoacán, Humberto Urquiza Martínez. El Foro se realizó con amplia participación de los alumnos de la Facultad de Derecho de la UNLA que mostraron interés en este tema.
El Magistrado Ignacio Hurtado Gómez expuso que cada Congreso local es la autoridad para configurar la legislación y reglamentación de la figura de Revocación de Mandato, porque así lo ha externado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Entre los mecanismos de legislación, el profesor de la Universidad Michoacana consideró que se debe establecer lineamientos precisos y claros para promover la revocación de mandato para servidores públicos como es el considerar un tiempo determinado para solicitar esta figura, definir el porcentaje para solicitar la revocación si es en el caso del número del padrón electoral o la lista nominal, o si es con base a los votos válidos de cada candidato de la elección en que ganó el servidor público en funciones.
En este último punto, explicó que es importante definir los porcentajes porque de lo contrario esta figura de evaluación de los servidores públicos se podría convertir en un instrumento político de desestabilización.
Hurtado Gómez señaló que en 10 entidades federativas ya se ha estado revisando y analizando esta figura donde se debe de poner causales para revocar el mandato como pueden ser: Violaciones graves a la Constitución Política, violación grave en materia de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o incumplir promesas o compromisos de campaña, encubrir a subordinados o mostrar incapacidad administrativa.
Por su parte, el Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras resaltó la importancia de establecer esta figura de Revocación de Mandato, siendo un procedimiento para anular una concesión de un mandato a un servidor público y que requiere de acreditarse violaciones graves para solicitarla durante el actual período de gestión.
Puntualizó que esta figura es parte de la democracia directa que se tiene por parte de los ciudadanos para exigir transparencia y rendición de cuentas a los titulares como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y a los Ayuntamientos.
Pérez Contreras comentó que la revocación de mandato ya se utiliza en otros países de América Latina, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otras, donde los ciudadanos pueden hacer el ejercicio, pero para ello se requiere establecer un tiempo determinado con un margen en el que el funcionario público estuvo ejerciendo el cargo para ser evaluado por sus gobernados.
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