En los últimos años, el Gobierno y el Congreso del Estado de Michoacán, han recortado sistemática e irresponsablemente el presupuesto destinado para “el desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas”, pasando de 114 millones asignados en el 2014, a 25 millones destinados para el 2020, lo que profundiza las condiciones de discriminación, pobreza y exclusión social en que viven las comunidades originarias.
A iniciativa del Gobernador, diputados de todos los partidos políticos, han cercenado un 80% el presupuesto dedicado a la atención de las comunidades, convirtiendo en un elefante blanco a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas En los últimos 5 años, el presupuesto reservado para los pueblos indígenas, no ha alcanzado ni siquiera el 0.3% del total del presupuesto estatal, cuando de conformidad con su número de habitantes (136 mil 608 personas INEGI 2010) y por ley, a los pueblos originarios les correspondería el 3.5% de total del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, lo que equivale a 2657 millones, sin embargo, el Gobierno de Michoacán les destina únicamente 25 millones, lo que solo sirve para cubrir los gastos operativos de la CEDPI y el pago de sus altos salarios, en perspectiva, incluso tiene más presupuesto el zoológico de Morelia con un capital de 39 millones.
De igual forma, el Gobierno de Michoacán ha incumplido los compromisos y acuerdos con las comunidades indígenas, en el presente año, en materia de obra pública, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) se comprometió a realizar por lo menos una obra de alto impacto en cada comunidad, pero a la fecha, no ha invertido en construcciones públicas en los pueblos originarios.
En salud, el conjunto de clínicas rurales a cargo de la Secretaría de Salud (SSM), por lo general, carecen de medicamento básico, en el campo, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA) acordó por escrito ayudar con mil toneladas de fertilizante a los campesinos indígenas, sin embargo, no fue capaz ni siquiera de entregar 140 toneladas, en seguridad, la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) mantiene a la mayoría de los policías que se encuentran destacamentados en las comunidades indígenas, sin armamento, equipo especializado o patrullas, en desarrollo social, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) se comprometió previa entrega realizada de miles de expedientes, a otorgar becas y apoyos para las viviendas de las comunidades, pero a la fecha, no ha otorgado ni siquiera una sola beca a estudiantes indígenas.
Finalmente la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI) acordó con autoridades tradicionales la entrega de proyectos productivos y culturales y tampoco ha podido entregar ni un solo proyecto indígena. En síntesis, el Gobierno del Estado mantiene en la discriminación, la marginación y el olvido, a los pueblos y comunidades originarias.
Por su parte, para el 2021 el Gobierno Federal plantea la disminución del presupuesto para los pueblos originarios mediante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en un 75% en relación al capital máximo histórico que ha tenido esta institución y la Delegación del Gobierno de la Republica en Michoacán ha incumplido y engañado a los pueblos los pueblos originarios, no ve, no escucha y no atienden a las comunidades indígenas.
En este contexto, el único camino que dejan a las comunidades, es la movilización social e iniciar movimientos autonómicos para exigir sus derechos colectivos y obtener reivindicaciones sociales. Por lo anteriormente expuesto, emplazamos al Gobierno de Michoacán y al Gobierno Federal a que atiendan y resuelvan los problemas de las comunidades, de lo contrario emprenderemos jornadas de luchas permanentes en nuestros territorios ancestrales.
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