*También en contra del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado

*Hicieron caso omiso al cumplimiento de sus funciones: Abogado Saúl Mora Padilla

Con la finalidad de presentar juicio político en contra de diputados de la Comisión Inspectora de la 74 legislatura, del Congreso del Estado, acudió el abogado Saúl Mora Padilla, quien aseguró que los congresistas hicieron caso omiso de sus funciones al autorizar al Gobierno del Estado una reestructuración de la deuda, para lo cual se tendría que hacer una auditoria pero no se hizo.

En entrevista, el abogado señaló que presentó la denuncia de Juicio Político en contra de diputados de la 73 y 74 legislatura, así como en contra del actual Secretario de Finanzas, y el titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado, por la omisión en el ejercicio del cumplimiento de su deber y sus obligaciones.

Todo dijo, de acuerdo al decreto legislativo número 345, el cual se suscribió desde el 6 de marzo del 2017, donde se autorizó al Ejecutivo del Estado la reestructuración de la deuda, la cual fue condicionada a la aplicación de una auditoría forense, a la famosa cargos o también conocida como “Licuadora”.

El abogado aseguró que para tales acciones se contrató a un despacho jurídico externo, a quien se le pidió que hiciera los trámites a través de una licitación pública nacional, pero las cosas no se hicieron así, sino a través de una licitación estatal, para lo cual se prestaron los diputados de la Comisión Inspectora de la pasada administración legislativa, al igual que el Secretario de Finanzas, quienes a su vez, estaban obligados a supervisar los trabajos de dicho despacho, pero no lo hicieron.

Por su parte dijo, el despacho jurídico estaba obligado a rendir los informes correspondientes, algo que si se hizo, y en esos informes, se dieron a conocer varias irregularidades por parte de la administración pasada, situación que la actual legislatura ha dejado pasar sin importarle nada del tema. No han hecho nada para actuar en consecuencia y se ordenen las investigaciones que el caso amerita para deslindar responsabilidades a quienes resulten involucrados.

Con referencia a que la Comisión Inspectora hizo públicos varios requerimientos, el abogado expresó que una cosa es hablar a los medios y otra presentar pruebas de lo que se hizo, y hasta hoy no existe ningún documento oficial de que se haya hecho dicha auditoría y los supuestos requerimientos. Para el derecho dijo, no cuentan solo palabras, debe haber hechos y pruebas de lo que se dice o se hace.

El abohado dijo saber que la contratación del despacho jurídico tuvo un costo de 16 millones de pesos, dinero que desde su punto de vista fue tirado a la basura porque no se hicieron las cosas como debían, no hubo auditoría y por ende, tampoco resultados. Recalcó que por ese motivo acudió al Congreso del Estado para presentar el juicio político en contra de todos los que resulten involucrados en el tema. Aclaró, esto no es algo político, yo no soy de ningún partido y no quiero que se vaya a decir que vine representando a tal o cual expresión política.

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