Ante las acciones emprendidas por el gobierno federal en detrimento de las estancias infantiles, Movimiento Ciudadano ampara alrededor de 200 niñas y niños en Michoacán.
“Si hay niñas y niños ‘fantasma’, y desvíos de recursos en las estancias infantiles, como lo señala el presidente, que lo comprueben y tomen acciones contra las personas responsables, pero no se puede actuar de manera precipitada e irresponsable, sin prever las afectaciones de los infantes”, apuntó Manuel Antúnez Oviedo, Delegado Nacional en Michoacán.

Con anterioridad, el Senador por Movimiento Ciudadano Samuel García, presentó un amparo del mismo orden, debido a que el apoyo a las estancias Infantiles fue suspendido sin aclararse con cuáles otras formas de operación tendría.

El actual Gobierno de la República no tiene contemplado, dentro del presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión, el programa de apoyo a las estancias infantiles, eliminando por este subsidio para padres y madres trabajadoras y con lo cual suprimen por completo la relación entre el Estado y las estancias, vulnerando los derechos de las y los niños, su estimulación temprana, sociabilización, así como la sana convivencia que son derechos de la niñez establecidos en la Carta de los Derechos de la ONU.

Además, se falta al Convenio Internacional de los Derechos de los Niños en su artículo tercero, donde se declara que los derechos de la niñez son superiores a cualquier ideología y que el Estado es responsable de su atención.

De igual manera, se ha estigmatizado a las personas responsables de las estancias infantiles, cuando todas y cada una de estas, para poder acceder al convenio de operación, fueron avaladas en el cuidado y atención a la niñez; en protección civil, higiene, nutrición y desarrollo infantil, por instancias como el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y la Secretaría de Trabajo y Prevención Social.

Movimiento Ciudadano en Michoacán, con el objetivo de promover las causas ciudadanas, emprendió una cruzada en defensa de la niñez, pues el incentivo económico de 1,800 pesos bimestrales no garantiza el bienestar de los infantes.

Además, las estadísticas indican datos preocupantes, entre ellos, que la segunda causa de muerte de niñas y niños en México son los accidentes en el hogar, o los casos en aumento de abuso infantil por parte de familiares.

Manuel Antúnez dijo que el Gobierno Federal no puede ser omiso en su responsabilidad y mucho menos ante un acuerdo internacional. “Coincidimos en que se elimine la corrupción y que se actúe conforme a derecho, contra las estancias que hayan incurrido en un delito, pero no a costa de la prohibición de un derecho de la niñez”, finalizó.

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