Lograr la aprobación de una Ley de Presupuesto Participativo es prioridad para el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, ya que de esta manera se garantizaría que los recursos públicos lleguen a los sectores de la población que más los necesitan, y se evitaría el uso clientelar de las políticas públicas.
El diputado de Morena Fermín Bernabé Bahena, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, refirió que su fracción política impulsará una iniciativa de Ley de Presupuesto Participativo, que implica además un conjunto de reformas a leyes ordinarias, secundarias y reglamentarias, que representarían un importante paso para el empoderamiento de los ciudadanos mediante la gestión ante los gobiernos estatal y municipales.
Una mayor participación de los ciudadanos en el diseño del gasto público contribuiría a erradicar prácticas nocivas en la administración pública como el ejercicio discrecional de los recursos excedentes, los subejercicios presupuestales, la existencia de partidas ocultas y los “moches”, subrayó Bernabé Bahena, convencido de que un presupuesto participativo tiene que ser más transparente y abierto al escrutinio público.
El diputado por el Distrito 10 Morelia Noroeste puntualizó que una ley en materia de presupuesto participativo debe permitir que sean etiquetadas partidas presupuestales de manera más justa, transparente y eficaz en la atención a las demandas más urgentes para la población, ya que es inadmisible que aún haya comunidades donde no tienen ni servicios básicos.
La planeación del gasto público con base en un esquema participativo, abundó Fermín Bernabé, debe tener como principios la atención a zonas de mayor vulnerabilidad en desarrollo social, abatir el rezago en infraestructura pública y de servicios, y alentar el desarrollo regional con apoyo a iniciativas productivas y de autoempleo.
No obstante que los diputados de Morena ya trabajan en la elaboración de la iniciativa de Ley de Presupuesto Participativo, Bernabé Bahena comentó que también serán consultadas las autoridades locales, grupos sociales y ciudadanos con el propósito de tener un marco normativo legitimado por el consenso.
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