RED 113 / EL DIARIO DE VICTORIA Ciudad Victoria, Tamaulipas. 07 de octubre de 2017.- El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero.
El ex mandatario, a través de su prestanombres, Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC S.A de C.V, de Altamira, realizó en 2007 una operación de compra por 16 millones de pesos de un terreno de 1, 600 hectáreas, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira y que pertenecen en realidad al patrimonio del estado.
Las 1,600 hectáreas, actualmente tiene un valor real de Mil 584 millones de pesos.
Para la operación de compra-venta participaron las empresas; Materiales y Construcción Villa de Aguayo, propiedad de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres de Tomás Yarrington y GMC, S.A de C.V. de Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, ex Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el gobierno de Eugenio Hernández Flores.
Antecedentes del Terrreno en el Puerto Industrial de Altamira
En 2002 Tomas Yarrington Ruvalcaba como gobernador vendió las 1,600 hectáreas en 14 millones de pesos a su prestanombres, Fernando Cano Martínez a través de la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A de C.V. y éste a su vez en una segunda operación de venta, cinco años después, en 2007 lo transfirió por 16 mdp a la empresa GMC S.A de C.V de Altamira propiedad de Alberto Berlanga Bolado, presunto prestanombres de Eugenio Hernández Flores.
Berlanga Bolado, también fue Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del gobierno de Hernández Flores y fue socio con Fernando Cano Martínez en una de sus empresa constructoras.
Los terrenos fueron expropiados por el gobierno federal en 1981 para accesos y otras construcciones en el Puerto de Altamira y en 1994 la federación a través de un decreto los transfirió en donación al gobierno del estado a través de la Empresa Canal Intracostero Tamaulipeco S.A, constituida por el entonces gobernador, Manuel Cavazos Lerma.
En el año 2001, el ex Gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba impulsó que se constituyera el “Fideicomiso Nuevo Santander” para fomentar el desarrollo Industrial del Estado y bajo ese esquema, varias propiedades del patrimonio estatal como las del Puerto de Altamira, se transfirieron al Fideicomiso para su administración.
En 2002, Tomás Yarrington, impulsó en el congreso del estado entregara las 1,600 hectáreas al Fideicomiso y un mes después y luego de publicarse el decreto en el periódico oficial de Tamaulipas, el Fideicomiso vendió las hectáreas a Cano Martínez a un precio “irrisorio” de .87 centavos el metro cuadrado y pagó 14 millones de pesos, cuando el valor real ese año, era de 866 millones de pesos.
En 2007 la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A de C.V. propiedad de Fernando Cano realizó una operación de venta de los terrenos a GMC S.A de C.V. de Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, a un valor de 16 millones de pesos cuando el precio real en ese año era de 1,054 millones de pesos.
Yarrington Ruvalcaba al desincorporar las más de 1,600 hectáreas del Fideicomiso y venderlos a su prestanombres, Fernando Cano Martínez, incurrió en el delito de peculado.
El Canal Intracostero, se trataba de un proyecto del ex gobernador Manuel Cavazos Lerma através del cual se pretendía unir a Tamaulipas y Texas a través de una vía fluvial de 438 kilómetros.
Por la desincorporación de los terrenos propiedad del estado a particulares, en su oportunidad se inició una averiguación previa penal 15/2004 pero permanecía archivada.
Tanto la constructora de Fernando Cano como la de Alberto Berlanga se convirtieron en las favoritas para la realización de obras y obtuvieron contratos millonarios para realizar obras en los sexenios de Tomás y Eugenio.
Ambos ex gobernadores de Tamaulipas tienen orden de aprehensión en Estados Unidos, Yarrington fue capturado en Italia el pasado 9 de abril y Eugenio Hernández Flores también tiene orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.
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