EL PRESUPUESTO DIRECTO

EL PRESUPUESTO DIRECTO

 Por:  Efraín Barrera Medrano

|De antemano, me declaro convencido que fortalecer la participación ciudadana desde las instituciones públicas es una necesidad impostergable, para pavimentar el camino hacia una democracia participativa; como tambien creo, que la madurez comunitaria para lograrlo se alcanza mediante procesos de educación, capacitación y acompañamiento a las comunidades a travez de programas de desarrollo social creados exprofeso.

Más allá de la aplicación de la ley ISO FACTO para la asignación del presupuesto directo a las comunidades indígenas de Michoacán, debe existir desde el primer momento, una planeación estratégica que involucre imprescindiblemente a autoridades municipales que tengan población con estas características.

                Mediante acciones coordinadas, los 3 niveles de gobierno deben tomar los mejores acuerdos para no herir susceptibilidades y desactivar resistencias; los presidentes municipales deben ser los invitados principales en las negociaciones y acuerdos; por lo cual, el procedimiento debe ser muy cuidado para evitar que se convierta en una camisa de fuerza que los obligue a renunciar expeditamente a sus atribuciones plasmados en la constitución general de la república.

                Nos guste o no, esta nueva modalidad de asignación de recursos, crea un cuarto poder De facto, con  la aparición de micro municipios; que, sin reunir las características políticas de estos, recibirá las mismas bondades y se conducirá bajo esquemas administrativos novedosos; con la ventaja a su favor ya que la ASM haría adecuaciones para   facilitar la fiscalización y la rendición de cuentas, respetando sus propias formas de organización   (usos y costumbres), lo que genera una independencia excepcional y a modo.

La falta de coordinación y consensos puede desencadenar reacciones en contra desde los municipios afectados y controversias que, eventualmente entorpezcan o de plano trunquen, esta intensión del gobernador de pagar facturas a este segmento social marginado (por cierto no son los únicos). Las comunidades indígenas hacen un reclamo quizás muy justo, sin embargo, hace falta cuidar los procedimientos para no vulnerar a los presidentes que seran los directamente afectados financiera y políticamente, además de crear el andamiaje jurídico para que se genere certidumbre y gobernabilidad tanto en los ayuntamientos como en las comunidades que lo ejercerán.

                Hay que decir, que las formas de organización indígenas y la modalidad de usos y costumbres son incompatibles con los marcos regulatorios establecidos por el gobierno, lógico suponer que, en algunos casos, habrá resistencia para acatarlos; por lo cual, sería interesante conocer si los órganos fiscalizadores seran capaces de aplicar   las mismas penalizaciones a los consejos comunales que las infrinjan, o si bastaría un bloque de carretera o quema de vehículos para conseguir impunidad.

                Aun cuando esta iniciativa fue hecha por el actual gobernador en su tiempo de diputado local, con una estrategica intensión de posicionamiento político, y, después   cacareada a lo largo de la campaña para ganar una elección; no es mala, pero tampoco será tan fácil aplicarla si no se cuidan los procesos de aterrizaje y se cuente con los operadores políticos adecuados.

Lograr la consolidación de la democracia participativa es una vocación de todos los gobiernos democráticos y un justo reclamo de toda la sociedad que, si bien tiene connotaciones legislativas, tambien es un proceso de formación y aprendizaje de las comunidades que lleva tiempo y se logra por concensos y no solo por decreto.

Fortalecer los procesos de participación ciudadana desde la organización comunitaria debe ser el primer paso para caminar por el presupuesto participativo cuyo diploma de graduación, sería la asignación del presupuesto directo. Todo Parece indicar que dicho proceso sera aplicado de forma invertida, primero el diploma y despues el aprendizaje; lo que ya tiene visos de pandemia entre tenencias y comunidades indigenas que reclaman a su manera (bloqueos carreteros) se les entregue el recurso YA; y, otras que sin ser reconocidas, tambien se sienten con tal derecho.

                A Los ayuntamientos que cuentan con altos indices de población indigena les haran un enorme Boquete financiero y los agarraron con los dedos en la puerta: o se cuelgan del programa buscando acuerdos con el gobernador para no terminar su administracion como villanos, que implicaria, ya por lo menos, bajar el recurso directo a travez de las haciendas municipales, aunque implique perder la rectoria del mismo; o sumarse a erongaricuaro para controvertir el tema y sean los tribunales los que decidan la viabilidad del mandato, lo que, de perder la controversia, los convertiria en el enemigo numero uno de los indigenas michoacanos y un golpe  brutal para sus carreras politicas.

Ahora bien, ¿que pasara con aquellas comunidades que por cualquier razon consideren que no son suficientes los recursos recibidos o con los ciudadanos que no sean atendidos desde los consejos comunales?  No se require ser un experto en la ciencia social para vaticinar que unos estaran exigiendo mas (ya sabemos como), y otros tocando otra vez la puerta del presidente para que les resuelva. ¿Si se niega que pasara?. Alrededor del 25% de la poblacion de Patzcuaro y tzintzuntzan es indigena, misma que radica en tenencias y comunidades rurales, de ese tamaño sera el estres en sus haciendas muncipales.

Si el federalismo es la organización política del Estado mexicano en la que los estados de la federación son soberanos y están unidos mediante un pacto federal en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. El presupuesto participativo aplicado con la actual legislaion ¿que tanto lo vulnera?  ¿o lo fortalece?

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