La 75 Legislatura de Michoacán endureció las penas y castigos a quienes abandonen, abusen o despojen de su patrimonio a personas de la tercera edad. Las y los diputados aprobaron para ello reformas al Código Penal y a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán.

Conforme al dictamen aprobado, quien abandone a un adulto mayor que no tenga la capacidad para valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de cuidado o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrá de cuatro a siete años de prisión. Asimismo, el delito de violencia familiar se perseguirá de oficio y la pena aumentará hasta en dos de las terceras partes, cuando sea cometido por familiar o persona responsable de su cuidado.

En el dictamen puesto a consideración del Pleno por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, con base en la iniciativa presentada por la diputada María Guadalupe Díaz Chagolla, se precisó que las personas adultas mayores son altamente vulnerables por su condición física, edad avanzada y estado emocional, cuyas circunstancias les impide defenderse por sí mismas ante cualquier maltrato físico, psicológico, emocional, sexual y del abuso de confianza en cuestiones económicas.

En cuanto al delito de despojo cometido por uno o varios integrantes del entorno familiar o persona con la que el adulto mayor sostenga relación de amistad, laboral o vinculo social, las penas serán incrementadas. Lo anterior, al señalar que los agentes agresores se encuentran regularmente en el núcleo familiar al que pertenece; por tanto, la comisión de ese delito en dicho entorno, propicia que se cometan otros ilícitos como fraude, despojo, robo, abandono, lesiones e incluso homicidio.

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) sobre la población mayor de 60 años en Michoacán, se calcula que se duplicarán las recientes cifras del año 2020, de 554 mil 069 personas a un millón 112 mil 535 para el año 2050, lo que derivaría en el incremento de las cifras sobre las condiciones de pobreza, abandono, violencia, maltrato psicológico y abuso económico de dicha población.

Por ello, “es fundamental la intervención de las autoridades estatales, a fin de prevenir y atender el estado de las personas adultas mayores; promover acciones positivas para reducir el mismo y sancionar a quienes, por negligencia o deliberadamente, siendo responsables de su cuidado atención y protección, omitan brindarles las atenciones y cuidados paliativos necesarios”, refiere el documento.

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